El fiscal pide para Cardeso 28 años de inhabilitación por fraude en el censo.
Van casi tres años de espera para que se celebre el juicio y cabe la posibilidad de que el alcalde de A Baña, Andrés García Cardeso, pueda concurrir con toda normalidad a las próximas elecciones municipales pese a estar encausado como presunto autor de tres delitos de prevaricación administrativa por los que el fiscal pide para él un total de 28 años de inhabilitación.
Lo que se le imputa a este alcalde del PP es la manipulación del censo electoral de A Baña en su favor para asegurarse votos en las elecciones municipales del 2007, que por muy estrecho margen frente al PSOE -que denunció el caso- le dieron la mayoría absoluta.
Tras investigar el caso, el Juzgado de Instrucción de Negreira dictó el 10 de junio del 2011 el auto de apertura de juicio oral, y el 13 de octubre, tras incorporar en septiembre el escrito de la defensa en la que esta pide la absolución del regidor, trasladó la causa a A Coruña, donde el Jugado de lo Penal número 2 lo asumió a finales de ese mismo mes. Desde entonces, el caso está parado, a la espera de la celebración del juicio. Al parecer, el colapso de los juzgados de lo Penal coruñeses podría explicar esta demora.
La acusación ejercida por el grupo socialista que encabezaba Enrique Vázquez Naveira y la fiscalía llegaron a conclusiones contundentes: García Cardeso habría manipulado el censo electoral impidiendo el alta de varios solicitantes, dando de baja a otros y favoreciendo empadronamientos ficticios, todo ello en su propio beneficio político.
El fiscal hace alusión expresa a cuatro personas que solicitaron el empadronamiento en A Baña para poder votar en las elecciones municipales del 2007, y el alcalde se ocupó «personalmente» de estos expedientes, dejándolos dormir en una carpeta sin tramitarlos, lo que «impidió que pudieran ejercitar su derecho a ser incluidos en las elecciones, y que tal petición fuera contestada pese a que fue reiterada durante el período de alegaciones de exposición pública del censo».
Además, el fiscal considera que Andrés García Cardeso «de manera intencionada» no respondió en abril del 2007 al informe urgente solicitado por la oficina del censo electoral de A Coruña tras la denuncia presentada por el PSOE de múltiples empadronamientos en A Baña de personas que no residían en el municipio. Tras nuevos requerimientos, y una vez pasadas las elecciones, inició la baja de oficio «de todas las personas objeto de la denuncia». Entre las bajas admitidas luego por la oficina del censo se encontraban dos personas que justificaban su residencia en la misma vivienda que los hermanos del alcalde y otros cuatro en la casa de los padres de este.
Igualmente, el fiscal concluyó que García Cardeso, «por su decisión discrecional» incoó decretos «de manera masiva» para dar de baja en el censo «con la finalidad de perjudicar de manera intencionada a las personas o sus familias que notoriamente discrepaban políticamente del alcalde, o para justificar su anterior inactividad ante el organismo de control censal». Estos decretos para la baja de vecinos de A Baña en el censo fueron dictados en junio y julio del 2007. Tras revisar estos expedientes, la oficina del censo consideró no justificadas las bajas de 25 personas, según la relación que el fiscal cita en su escrito de acusación.
La Voz de Galicia (08/06/2014)
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