La funcionaria encargada del servicio declara en el juzgado que García Cardeso le entregaba la documentación
El alcalde de A Baña, Andrés García Cardeso, ordenó personalmente dar de baja a vecinos censados en su municipio e inscribir a otros entregando él directamente la documentación. Así consta en la declaración de la funcionaria encargada del padrón, incorporada a las diligencias que instruye el juzgado de Negreira a raíz de la denuncia presentada por los socialistas bañeses ante la Junta Electoral y la Oficina del Censo en vísperas de las elecciones municipales de mayo del 2007, en las que el regidor del Partido Popular consiguió conservar la mayoría absoluta por un margen de 22 votos. Ayer declararon en el juzgado negreirés la secretaria del Concello de A Baña y la citada funcionaria. García Cardeso está imputado por prevaricación y fraude por la presunta manipulación del censo.
El PSOE de A Baña aludía en su denuncia al empadronamiento fraudulento de decenas de personas en la casa familiar bañesa de García Cardeso (el regidor tiene su domicilio habitual en Santiago), en otra que está en ruinas, así como en las de militantes del PP. Asimismo, los socialistas denunciaron el intento de García Cardeso de dar de baja del censo, tras los citados comicios municipales, a más de ochenta personas simpatizantes del PSOE o de otros partidos de izquierda pese a que tenían acreditada su residencia en el concello barcalés.
La funcionaria encargada del padrón municipal declaró ayer en el juzgado, así como la secretaria del Concello, en calidad de testigo y, a preguntas de la acusación particular ejercida por el PSOE de A Baña, afirmó que en alguna ocasión el alcalde le entregó «directamente documentación de diversas personas para que fueran censadas», si bien no recordaba nombres aunque citó a un ex concejal del PP de Santa Comba y la familia de este.
Esta funcionaria afirmó desconocer cómo se decidió a qué personas se daba de baja en el censo, ya que no existía ningún acuerdo del Concello. Sobre estas bajas, la testigo explicó que se le pidió que sacara del ordenador un listado de todas las personas que habían solicitado el alta desde septiembre del 2006 y que se la devolvió el alcalde «con indicación de aquellas personas respecto de las cuales se debían iniciar los expedientes de baja en el censo».
Se dio el caso de que en el sorteo para la composición de una mesa electoral de Marcelle fue designada una persona que no residía en el municipio. La testigo recordó que a raíz de una pregunta de una concejala, el alcalde dijo que esa persona residía fuera, y añadió que «puede ser una persona empadronada en la casa del alcalde».
Esta funcionaria explicó también que a raíz de un «empadronamiento masivo» registrado en octubre o noviembre del 2006, se empezó a exigir documentación complementaria para registrar las altas en el padrón. Este cambio de procedimiento, que no constaba en acuerdo o documentación escrita, fue ordenado por la secretaria a consecuencia de una decisión del alcalde. La funcionaria empezó a aplicar este método en noviembre del 2006, al regreso de sus vacaciones, para las altas que habían quedado pendientes. Sin embargo, días después de su reincorporación la secretaria le entregó una carpeta con solicitudes de alta que estaba en el despacho del alcalde. Esas solicitudes «ya tenían cierto tiempo» y eran más antiguas que las anteriores. Hubo protestas de varios vecinos por la demora en la tramitación de las altas.
La entrega de esa carpeta se produjo inmediatamente después de una discusión entre la secretaria y el alcalde, según la testigo. Por su parte, la secretaria corroboró que mantuvo una conversación, «puede que con un tono más alto de lo habitual», con Cardeso y le dijo que la documentación tenía que estar de vuelta en la oficina general del Concello. El regidor le explicó que «estaba comprobando las personas que se estaban dando de alta». La secretaria añadió que, en el proceso de empadronamiento, el alcalde habitualmente no interviene más que para firmar los certificados y que no sabía si este presentó en alguna ocasión documentación relativa a otras personas para darlas de alta en el censo.
El alcalde de A Baña, Andrés García Cardeso, ordenó personalmente dar de baja a vecinos censados en su municipio e inscribir a otros entregando él directamente la documentación. Así consta en la declaración de la funcionaria encargada del padrón, incorporada a las diligencias que instruye el juzgado de Negreira a raíz de la denuncia presentada por los socialistas bañeses ante la Junta Electoral y la Oficina del Censo en vísperas de las elecciones municipales de mayo del 2007, en las que el regidor del Partido Popular consiguió conservar la mayoría absoluta por un margen de 22 votos. Ayer declararon en el juzgado negreirés la secretaria del Concello de A Baña y la citada funcionaria. García Cardeso está imputado por prevaricación y fraude por la presunta manipulación del censo.
El PSOE de A Baña aludía en su denuncia al empadronamiento fraudulento de decenas de personas en la casa familiar bañesa de García Cardeso (el regidor tiene su domicilio habitual en Santiago), en otra que está en ruinas, así como en las de militantes del PP. Asimismo, los socialistas denunciaron el intento de García Cardeso de dar de baja del censo, tras los citados comicios municipales, a más de ochenta personas simpatizantes del PSOE o de otros partidos de izquierda pese a que tenían acreditada su residencia en el concello barcalés.
La funcionaria encargada del padrón municipal declaró ayer en el juzgado, así como la secretaria del Concello, en calidad de testigo y, a preguntas de la acusación particular ejercida por el PSOE de A Baña, afirmó que en alguna ocasión el alcalde le entregó «directamente documentación de diversas personas para que fueran censadas», si bien no recordaba nombres aunque citó a un ex concejal del PP de Santa Comba y la familia de este.
Esta funcionaria afirmó desconocer cómo se decidió a qué personas se daba de baja en el censo, ya que no existía ningún acuerdo del Concello. Sobre estas bajas, la testigo explicó que se le pidió que sacara del ordenador un listado de todas las personas que habían solicitado el alta desde septiembre del 2006 y que se la devolvió el alcalde «con indicación de aquellas personas respecto de las cuales se debían iniciar los expedientes de baja en el censo».
Se dio el caso de que en el sorteo para la composición de una mesa electoral de Marcelle fue designada una persona que no residía en el municipio. La testigo recordó que a raíz de una pregunta de una concejala, el alcalde dijo que esa persona residía fuera, y añadió que «puede ser una persona empadronada en la casa del alcalde».
Esta funcionaria explicó también que a raíz de un «empadronamiento masivo» registrado en octubre o noviembre del 2006, se empezó a exigir documentación complementaria para registrar las altas en el padrón. Este cambio de procedimiento, que no constaba en acuerdo o documentación escrita, fue ordenado por la secretaria a consecuencia de una decisión del alcalde. La funcionaria empezó a aplicar este método en noviembre del 2006, al regreso de sus vacaciones, para las altas que habían quedado pendientes. Sin embargo, días después de su reincorporación la secretaria le entregó una carpeta con solicitudes de alta que estaba en el despacho del alcalde. Esas solicitudes «ya tenían cierto tiempo» y eran más antiguas que las anteriores. Hubo protestas de varios vecinos por la demora en la tramitación de las altas.
La entrega de esa carpeta se produjo inmediatamente después de una discusión entre la secretaria y el alcalde, según la testigo. Por su parte, la secretaria corroboró que mantuvo una conversación, «puede que con un tono más alto de lo habitual», con Cardeso y le dijo que la documentación tenía que estar de vuelta en la oficina general del Concello. El regidor le explicó que «estaba comprobando las personas que se estaban dando de alta». La secretaria añadió que, en el proceso de empadronamiento, el alcalde habitualmente no interviene más que para firmar los certificados y que no sabía si este presentó en alguna ocasión documentación relativa a otras personas para darlas de alta en el censo.
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