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La querella de la que nunca más se supo sobre La Cabaña de Palas

La fiscalía desconoce cuál es el estado de una demanda que presentó en el Juzgado de Chantada en el año 2004 contra 22 personas por el polémico albergue
La fiscalía no tiene constancia alguna sobre cuál es el estado en que se encuentra la querella presentada el 23 de diciembre de 2004 en el juzgado decano de Chantada en relación con el polémico albergue y restaurante La Cabaña, de Palas de Rei. Al establecimiento le fue retirada por el Concello la licencia de construcción a instancias del Consello Consultivo de Galicia.
A finales del 2004 el por aquel entonces fiscal jefe de Lugo, Jesús Izaguirre, formuló querella criminal contra un total de 22 personas, entre ellas el alcalde, los miembros de la sociedad que abrió el establecimiento hostelero y también altos cargos de la Consellería de Cultura. En la misma planteaba un total de 12 diligencias a practicar por el juzgado, sin embargo en la fiscalía de Lugo nadie sabe absolutamente nada de cómo está la tramitación. Ni tan siquiera fue posible determinar si se movió algún papel.
De acuerdo con la querella, antes de noviembre de 2003, el alcalde y seis personas más constituyeron la entidad mercantil Inversións Terra da Ulloa, con el fin de proceder a la construcción y explotación de un albergue junto al camino de Santiago en el lugar conocido como As Lagartas, en Palas. La entidad se creó con un capital social de 450.000 euros, repartido en 1.500 participaciones de 300 euros cada uno. El alcalde llegó a tener 150 y la empresa Planigal, 333, por lo que era mayoritaria.
Planigal S.L, según el fiscal, fue constituida el 29 de diciembre de 1995 con un capital de 500.000 pesetas. Únicamente figuraban dos socios, uno de ellos un hermano del alcalde, que actuaba en calidad de administrador. Dicha entidad mercantil fue adjudicataria en 2002 de un contrato de redacción de proyectos y dirección de obra del Concello de Palas.
La administración social de Inversións Terra da Ulloa, se estableció mediante un consejo de administración integrado por el presidente de Planigal; un secretario, que era el hermano del alcalde y cuatro vocales, entre los que figura el regidor.
El fiscal considera que, dentro de las negociaciones para la constitución de la citada entidad mercantil y el proyecto de construcción del albergue, que constituía su objetivo prioritario, los socios «fueron conscientes de que el proyecto, por sus características y ubicación tendría que superar una serie de requisitos y trámites administrativos que era probable que no pudiera cumplir». Izaguirre considera que «para superar los mismos, recibiendo un trato de favor, el alcalde propuso (y los demás socios aceptaron) que, aprovechando su poder dentro del Ayuntamiento, a causa de su condición de alcalde y de las relaciones derivadas de su adscripción y actividad políticas, se encargaría de conseguir eludir los requisitos legales exigibles en toda la tramitación administrativa».

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