Transcurrieron siete años y medio, y a las puertas de unas nuevas elecciones municipales, al fin quedó ayer visto para sentencia el juicio al alcalde de A Baña, Andrés García Cardeso, del PP, acusado de prevaricación continuada por manipular a su antojo el censo electoral en vísperas de los comicios de 2007 que ganó con mayoría absoluta por muy escaso margen de votos. La Fiscalía retiró uno de los tres delitos de prevaricación administrativa que imputa al regidor, por lo que rebajó de 28 a 20 años de inhabilitación su solicitud de condena.
En la vista oral finalizada ayer en la Audiencia de A Coruña, que se alargó durante varias semanas al haber tenido que suspenderse por problemas con la comparecencia de testigos clave, quedó probado para el ministerio público que García Cardeso, antes y después de aquellas elecciones, se ocupó personalmente de inscribir y borrar personas en el padrón municipal. El fiscal acusa al alcalde de buscar un provecho electoral y político al haber impedido que simpatizantes o militantes de otros partidos rivales, sobre todo del PSOE, pudieran acudir a las urnas.
García incumplió reiterados requerimientos de la Junta Electoral Central para que revisara la veracidad del empadronamiento de múltiples personas que, según había denunciado el PSOE local, no residían en este municipio. Estaban censadas siete personas en los domicilios del hermano y del padre del alcalde, que este último, nada más ganar los comicios, dio de oficio de baja del censo. El regidor es acusado por el fiscal de borrar intencionadamente del padrón “de manera masiva y mediante decretos” a unas 25 personas o a familiares que “notoriamente discrepaban políticamente” con él.
El PP de A Coruña designó recientemente a García Cardeso candidato a la reelección para los próximos comicios y evitó aplicarle el código ético del partido que obliga a suspender de militancia a todo cargo público antes de sentarse en el banquillo. Una norma que también obviaron los conservadores con otro de sus alcaldes coruñeses, el de Trazo, José Dafonte, juzgado y finalmente absuelto la semana pasada de un delito de falsedad documental. La Audiencia de A Coruña consideró probado que este regidor dio por finalizada y abonada, sin que existiera, la construcción en 2009 de unas gradas en el campo de fútbol con el fin de cobrar una subvención de la Diputación Provincial. “Todo indica que eso era una actuación consciente del acusado”, admite el tribunal, pero considera que hubo “carencias de la instrucción” que impidieron demostrar la intencionalidad del alcalde, por lo que decidió absolverlo de un delito por el que el fiscal pedía tres años de prisión y la inhabilitación total.
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